Por Ana Conti
Al considerar la situación actual de inquilinos en Argentina, nos damos cuenta que el movimiento en 1907 fue sólo el primer paso para cerrar una brecha de derechos humanos que, al día de hoy y a pesar de todos los avances, sigue abierta. El contexto sobre el que se llevó a cabo la huelga incluía condiciones indignantes de vivienda, donde familias numerosas se veían obligadas a compartir espacios pequeños poco ventilados y, para atender sus necesidades, contaban con escasas letrinas para decenas de personas.
Actualmente hay muchas más viviendas que en la época de la huelga, la mayoría de estas con más espacio y con baños y cocinas propias, y existen planes para ayudar a personas a acceder a un alquiler y pagarlo. Sin embargo, el problema está lejos de ser resuelto. Según estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler promedio de un apartamento de 2 ambientes cuesta $18.000 pesos1, lo cual contrasta con el salario mínimo de $16.8002. Este hecho puede ser una de las principales causas del alto índice de población en “situación de calle”, que según censos no oficiales rebasa las siete mil personas en la Capital. Esta situación, resultado de gran cantidad de factores entre los cuales están oportunidades y condiciones laborales inadecuadas, hace de estas personas extremadamente vulnerables, sobre todo en el contexto actual de la pandemia por coronavirus al no tener acceso fácil a servicios básicos de agua y electricidad, lo cual limita, entre otras cosas, la capacidad de alimentarse e higienizarse adecuadamente. Si a esto le agregamos las condiciones de precariedad e insalubridad de las viviendas en villas populares, donde la población técnicamente no está en situación de calle pero sigue sin acceso adecuado a servicios básicos, la cantidad de personas en este sector vulnerable se hace todavía más grande y alarmante. De hecho, el mismo gobierno ha reconocido el peligro en el que están estas personas, lo rápida que ha sido la propagación del virus en las villas del AMBA y la necesidad de centrar los recursos médicos en dichas zonas si se quiere controlar la pandemia, sin dar importancia a la falta de recursos de higiene que se tienen por falta de acceso constante a cosas como corriente de agua limpia.
En conclusión, la situación de riesgo de contagio que sufren las personas que viven en situaciones de precariedad es sólo una consecuencia de, como se ha dicho antes, las condiciones en las que viven y el poco acceso que tienen a servicios básicos. Ahora más que nunca es imprescindible abogar por su bienestar y seguir buscando avanzar en oportunidades y condiciones de vivienda y trabajo dignas para todos, pero sobre todo para las personas que no tienen garantizada su siguiente comida o un techo bajo el cual dormir.
Fuentes: