Por Camila Argüello
En el año 1907, se llevó a cabo una huelga por parte de inquilinos, obreros, anarquistas y socialistas en contra de los aumentos de alquileres en los conventillos, y las condiciones en las cuales estos se encontraban.
Esta huelga finalizó con la muerte del militante Miguel Pepe, y múltiples desalojamientos; La huelga marcó un punto de inflexión en las luchas posteriores ante el derecho de vivienda en el país.
El gobierno (Figueroa Alcorta perteneciente al Partido Conservador) tomó una actitud represiva hacia los huelguistas, permitiendo que tanto la policía como los bomberos, ejercieran violencia sobre los mismos.
Hoy en día, analizando la situación de los inquilinos, nos encontramos con crecientes denuncias durante los primeros 6 meses del 2020, debido a los aumentos y comisiones sin razón, por parte de los propietarios hacia los inquilinos.
Al comienzo de la cuarentena, aproximadamente el 20 de marzo, se lanzó una prórroga de contratos; La cual suspende los desalojos, congela los alquileres y bancariza los pagos; Lo que nos da entender que, esta presión ejercida ante los inquilinos es totalmente ilegal en este tiempo. Como podemos ver el gobierno, de Alberto Fernández, actúa de manera mucho más interventora, comparado con las acciones del gobierno del año 1907, ante las situaciones de abuso, más no así en todas.
Como último ejemplo, tenemos que el día 11 de junio fue sancionada la denominada “ley de alquileres”, la cual tiene siete puntos principales y, que, en el caso de ser aprobada, Argentina sería el primer país en la región en tener una regularización en el vínculo inquilino dueño inmobiliarios.
En síntesis, hubo un cambio que se nota en cuanto a las condiciones de alquileres ,más aún no es suficiente para ayudar por completo al pueblo y satisfacer sus necesidades.
¿Y qué pasa con las personas que no tienen casa?
Centrándonos en la situación de las personas denominadas "sin techo", nos podemos ubicar en el censo (no oficial) realizado en Junio del año 2019, que nos reveló un aproximado de 7,251 personas en situación de calle.
Quienes aceptaron dar un testimonio, aseguraron, entre otras razones, que perdieron su trabajo, los expulsaron de sus viviendas, se separaron de parejas o simplemente no pueden pagar el alquiler; por lo tanto terminaron en la calle.
"El relevamiento muestra que las personas en situación de calle no son una prioridad para el gobierno desde hace años" aseguró el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti.
Según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de la República Argentina, el Estado deberá otorgar los beneficios de la seguridad social, dentro los cuales se encuentra el derecho a una vivienda digna; Este fue uno de los principales motivos por los cuales, en el año 2012, se anunció la puesta en marcha del plan "PRO.CRE.AR", un masivo plan que prevee la entrega de créditos para la construcción de viviendas populares; Los créditos son asignados de acuerdo a un sistema de puntaje transparente que prioriza a las familias que más la necesitan, según su situación socioeconómica.
Este proyecto, como leímos anteriormente, busca incluir a todas las familiar posibles mas no logra su objetivo, aun.
Hoy en día, el "proyecto 7" (conformado en el año 2003, se basa en diversas actividades destinadas al abordaje de la problemática desde una perspectiva integral, multidisciplinaria y colectiva, entendiendo a las personas en situación de calle como portadoras de saberes y experiencias valiosas, para que ellas puedan reformular sus proyectos de vida, para construir nuevos modos de habitar la ciudad), se encarga de ayudar a los que no tienen vivienda y se los acepta en refugios para poder cumplir la cuarentena lo más cuidados posibles.
Aún así, luego de las medidas que se están tomando, muchas personas siguen en situación de calle y en peligro debido a no poder pagar sus alquileres y las expulsiones de las viviendas, situación que se busca revertir de manera progresiva.
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